El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México anuló el juicio de amparo que promovió en abril pasado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contra cualquier posible nueva orden de captura, comparecencia o localización en su contra por parte de Fiscalía General de la República (FGR), así como jueces de control o de distrito tanto federal como estatal, por mencionar algunos; sin embargo, el caso se turnó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, para que conozca del caso y resuelva si le concede o no la protección de la justicia.
La decisión del juzgador de sobreseer el recurso fue porque las autoridades señaladas como responsables por el ex gobernador negaron los actos reclamados, consistentes en actos privativos de la libertad, orden de comparecencia, presentación, localización y captura, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar lo anterior; por lo tanto el juez anuló el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Javier Duarte de Ochoa cumple una condena de nueve años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, que de acuerdo con los beneficios del nuevo sistema de justicia penal podrá continuar en libertad a partir del próximo año.
El 4 de marzo de este año el ex gobernador de Veracruz promovió una demanda de amparo ante un juez federal con el propósito de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria; sin embargo, el impartidor de justicia se declaró incompetente para conocer el asunto y lo turnó a un tribunal unitario con el fin de que éste se pronuncie al respecto.
En su momento presentó la demanda de garantías ante el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, en la cual reclama la resolución del 31 de enero de este año, en la que un juez de control ratificó el fallo del 4 de enero sobre la solicitud de sustituir la medida cautelar.
En esa ocasión el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que Duarte de Ochoa permanezca preso, ya que no han variado las condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que se evadiera si se le concedía la modificación de las medidas cautelares.