Gobierno de Mauricio Vila involucrado en despojos de tierras

Manuel Gómez

Yucatán.- Documentos “acentuados” ante el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), revelan la complicidad del Gobierno del Estado, al menos desde el año 2016 hasta la fecha, en despojo de tierras y encubrimientos a delitos propios del Crimen Organizado.

En seguimiento al reciente caso de la Desfibradora Felipe Carrillo Puerto, propiedad del empresario José María Ponce Laviada, la cual fue secuestrada violentamente hace algunas semanas, se pretenden de nuevo sustentar mediante “compras simuladas” y evidentemente fraudulentas a través del IVEY, en contubernio con conocidos prestanombres de políticos y de los “empresarios/beneficiarios/cómplices” (a juicio del lector), actos delictivos bajo la protección y complacencia expresas de los Gobernadores en turno.

La Desfibradora Felipe Carrillo Puerto ubicada en el Municipio de Muxupip, ha sido propiedad de la empresa Desfibradoras del Noroeste de Yucatán, SA de CV desde el año 1992, SEGÚN SE DESPRENDE DE DOCUMENTOS OFICIALES. La empresa fue adquirida en el año 2001 por el empresario José María Ponce Laviada, quien a título personal operaba un negocio de comercialización de maderas tropicales en el mismo predio, con el objetivo de combinar ambas actividades para un mejor aprovechamiento. SIN EMBARGO, existe una anotación en el Registro Público de la Propiedad en el año 1993, mediante la cual el Gobierno del Estado encabezado por la Priista Dulce María Sauri Riancho (familiar y mentora política del Gobernador Prianista Mauricio Vila Dosal), se asigna uno de los predios que conforman esta unidad productiva.

Nuestra fuente logró un acceso limitado al libro de registros de la propiedad, donde parcialmente se aprecia una inserción hecha a mano que supuestamente comprenden más de CIEN propiedades de la extinta paraestatal CORDEMEX.

La LEGITIMIDAD de tal registro es por demás CUESTIONABLE, tanto por destacar una INSERCIÓN A LETRA MANUSCRITA entre las demás inscripciones impresas, como por la IMPOSIBILIDAD FÍSICA de listar, describir y delimitar MÁS DE CIEN PROPIEDADES en un espacio tan reducido. Resulta además INEXPLICABLE tal informalidad en una transacción de esta magnitud, entre la entonces mayor empresa Paraestatal de la Península de Yucatán y el propio Gobierno del Estado.

Aún más extraño es el hecho de que el Gobierno del Estado de Yucatán NO HAYA EJERCIDO DERECHO ALGUNO POR 23 AÑOS, pues fue hasta el 12 de Diciembre del 2016 que mediante escritura pública número 2137, se registró una transacción de “permuta” en la que se traspasan varias propiedades, entre ellas el citado predio de la Desfibradora, al Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, SIN MENCIONAR QUE EL MISMO SE ENCUENTRA BAJO POSESIÓN PACÍFICA DE TERCEROS (Desfibradoras del Noroeste de Yucatán, SA de CV y José María Ponce Laviada), Y SIN SIQUIERA PROCEDER CON LA NOTIFICACIÓN PERTINENTE A LOS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS DEL PREDIO POR 23 AÑOS. Este hecho se da en la recta final de la administración del Priista Rolando Zapata Bello, pero NO GENERÓ ACCIÓN ALGUNA EN CONTRA DE LOS POSESIONARIOS.

Los siguientes registros de esta propiedad acontecen en el mes de diciembre del 2019, y en el mes de Julio del 2020, en medio de severas demoras en el Registro Público de la Propiedad por los intentos de implementación del sistema electrónico, e incluso el cese temporal del mismo durante la PANDEMIA COVID19, que contrastan con lo INUSUALMENTE EXPEDITO de las siguientes inscripciones:

1. 13 de diciembre del 2019: Compraventa mediante escritura pública número 3186, del IVEY representado por Carlos Francisco Viñas Herrera, a favor de la empresa FUTUDESA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SA DE CV
2. 9 de julio del 2020: Compraventa mediante escritura pública número 1562, de la empresa FUTUDESA a favor de la empresa OBRAS, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIONES CARTELO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.
3. 9 de julio del 2020: División del predio en 269 partes (entiéndase “Chiquilotes de Inversión”) en escritura 1562, a cargo de la empresa OBRAS, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIONES CARTELO DE LA RIVIERA, S.A. DE C.V.

El señor José María Ponce Laviada ha denunciado públicamente por serios actos de corrupción a personajes de gran jerarquía en el Gobierno del Estado de Yucatán, como Alvaro Juanes Laviada (Jefe de Asesores del Gobierno del Estado), Carlos Viñas Herrera (Director del IVEY), Luis Felipe Saidén Ojeda (Secretario de Seguridad Pública) y al propio Gobernador Mauricio Vila Dosal, y corresponde a este medio destacar los agravios que nuestra labor periodística efectivamente ha podido comprobar:

• En todas las anotaciones del Registro Público de la Propiedad respecto al Tablaje 1117, desde 1993 hasta los del 2020, se establece “ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD PLENA”, lo cual es sin duda FALSO, pues la “PROPIEDAD PLENA” se compone de los conceptos de 1) Titularidad, 2) Dominio, 3) Uso y Usufructo, siendo que, EN EL MEJOR DE LOS CASOS PARA LAS AUTORIDADES Y LOS SUPUESTOS COMPRADORES, SOLO EL DERECHO DE LA TITULARIDAD PUDIERA SER OBJETO DE ESTAS TRANSACCIONES, e incluso como hemos redactado, tal Titularidad es por demás cuestionable.
• Resulta inverosímil que en fechas que incluso el Gobierno de Estado declaró el toque de queda, las supuestas empresas compradoras hayan celebrado en la misma fecha y escritura, una compraventa y una subdivisión del predio en 269 partes, lo cual incluso requiere de un levantamiento topográfico que, de haberse llevado a cabo, habría desobedecido el mandato (ilegitimo por exceder las facultades del Ejecutivo) de toque de queda del Gobernador. Conclusión: SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, QUE DE CONFORMIDAD A LAS PRÁCTICAS ACTUALES CONLLEVA LA PRESUNCIÓN DE LAVADO DE DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
• En el predio opera un Centro de Almacenamiento y Comercialización de Productos Forestales, con todas las licencias Federales y Municipales al corriente y vigentes, bajo la titularidad de José María Ponce Laviada, y el nombre comercial JMPL Recursos Naturales, lo cual EVIDENCIA EL DELITO DE DESPOJO, y lo que es peor, SE VIOLENTO UN PREDIO DE COMPETENCIA FEDERAL.
• A simple vista las bodegas del predio Desfibradora Felipe Carrillo Puerto se encuentran demolidas y vacías, no obstante, en los registros de la SEMARNAT, existía un inventario de maderas preciosas de comercio regulado por leyes nacionales e internacionales, por lo que consideramos la acusación de ROBO Y PROMOCIÓN DE TRAFICO DE MADERAS PRECIOSAS que ha denunciado el señor José María Ponce Laviada, es EVIDENTE Y PROCEDENTE.
• En la carpeta de investigación de la Fiscalía destaca la acusación del señor Ponce Laviada contra el Comandante Osvaldo Dorantes de la SSP, quien manifestando obedecer a instrucciones directas del Comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, declaró el aseguramiento del predio. En la misma carpeta compareció igualmente la Policía Municipal de Muxupip corroborando tales hechos. De estos hechos se desprenden DOS DELITOS:
  • ABUSO DE FACULTADES, en virtud de que el ASEGURAMIENTO DE UN BIEN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FISCALÍA.
  • COLUSION DE LA SSP, en virtud de que de manera furtiva permitió el ingreso de las personas que destruyeron, generaron el SAQUEO Y DESPOJO VIOLENTO.

Hemos solicitado una entrevista con el señor José María Ponce Laviada para obtener de viva voz sus pronunciamientos actuales, quien ha accedido para el día de mañana 27 de noviembre del 2020, misma que publicaremos a la brevedad posible.

Mientras tanto, este medio DENUNCIA NUEVAMENTE LA CORRUPCIÓN QUE IMPERA EN EL GOBIERNO DE MAURICIO VILA DOSAL, y que hemos señalado ya en varias ocasiones.