Hace unos meses, Wilbert Cetina Arjona (ahora ex Fiscal General de Yucatán), presentó su renuncia en el marco de una serie de escándalos de corrupcion. De la voz del fiscal se puede escuchar: “No respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!“.
Lo anterior no solo es relevante porque Cetina se está refiriendo al Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, también lo es porque reconoce tácitamente el contexto de detenciones arbitrarias, violencia policial y autorización de la Fiscalía para realizar violaciones a derechos humanos. Aunque fue poco discutido, no se debe dejar de lado su gravedad, sobre todo porque casi a diario se reitera en el discurso oficial que Yucatán es el “estado más seguro” y uno de los “mejores lugares para vivir”.
El año pasado, Elementa (organización de la sociedad civil) presentó un informe sobre violaciones a derechos humanos en Yucatán. En dicho informe se dedica una parte importante a complejizar esta discusión sobre “seguridad” y en resumen se puede decir que más allá de tener una comprensión integral del tema, las administraciones pasadas y la presente, se han dedicado a alimentar una narrativa que comunica que “la policía nos protege”, lo cual es un problema que ha derivado en al menos tres cosas: tortura, detenciones arbitrarias e impunidad ¿Por qué? Porque existen lógicas institucionales como las que reveló el audio de Cetina.
Como muestra, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY) vía solicitud de acceso a la información confirmó que en 82 casos (entre el 28 de febrero y el 31 de agosto de 2020) hubo tortura, detenciones arbitrarias, lesiones o algún otro tipo de violencia ejercida por agentes de la policía estatal
