La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a la organización criminal encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna como presunta responsable de la muerte de tres elementos de la Secretaría de Marina y una exservidora pública de la Fiscalía General de la República en Colima, dentro de una investigación relacionada con una red de huachicol fiscal.
De acuerdo con documentos integrados en la solicitud de órdenes de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y otros delitos, la dependencia federal sostiene que este grupo operaba mediante esquemas de corrupción, contrabando de hidrocarburos y actos de violencia para proteger sus actividades ilícitas.
Las indagatorias refieren que Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el penal federal de El Altiplano, y Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina mientras enfrenta un proceso de extradición a México, mantenían una estructura capaz de detectar rápidamente denuncias en su contra y anticiparse a acciones de las autoridades, especialmente en aduanas y puertos estratégicos para sus operaciones.
Entre las víctimas mencionadas en el expediente se encuentran el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, quien se desempeñaba como auxiliar adscrita a la delegación de la FGR en Colima; así como los capitanes de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga.
Según la investigación federal, el caso más relevante involucra la muerte del contralmirante Guerrero Alcántar, quien presuntamente habría denunciado la existencia y funcionamiento de la red de tráfico ilegal de combustibles atribuida a los hermanos Farías Laguna. La FGR considera que ambos estarían directamente relacionados con ese homicidio.
El expediente también menciona el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, localizado sin vida en septiembre de 2025 dentro de las instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Las investigaciones indican que el mando naval mantenía vínculos con la estructura de huachicol fiscal y presuntamente recibía pagos ilícitos para facilitar la llegada y descarga de embarcaciones cargadas con hidrocarburos introducidos de manera irregular al país.
La FGR sostiene que la organización operaba mediante una compleja red de protección y corrupción que permitía el ingreso de combustible ilegal procedente de Estados Unidos, utilizando puertos mexicanos como puntos clave para la distribución del producto.
El caso continúa bajo proceso judicial mientras las autoridades buscan concretar las órdenes de captura pendientes y ampliar las investigaciones sobre la presunta red criminal, considerada una de las estructuras más relevantes relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y la infiltración de instituciones estratégicas del Estado mexicano.
