A días de su ratificación, el 15 de mayo, el nombre de Kenny Martins Burgos Salazar no llega en calma, sino rodeado de señalamientos que cuestionan directamente su desempeño y credibilidad dentro del sistema judicial, y sus relaciones turbias para allegarse de “favores económicos” con motivo de sus decisiones.
Diversas críticas sostienen que sus resoluciones han contribuido a alargar procesos clave, particularmente en el caso del exalcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo —actual funcionario estatal—, quien enfrenta acusaciones por presunto peculado. Según estas versiones, el juez habría permitido tácticas legales dilatorias en coordinación con la defensa encabezada por el exfiscal Edier Josué Pech Farfán.
Uno de los puntos más señalados es el uso reiterado del cambio de abogados como estrategia para frenar audiencias. En este mismo proceso, se reportó la sustitución de defensores vinculados al caso de la empresa “Avril Ingeniería y Asociados”, relacionada con uno de los implicados.
A esto se suma una decisión que ha encendido aún más la polémica: pese a reconocer plazos legales más cortos, Burgos Salazar llegó a programar audiencias con meses de diferencia, justificándose en “carga de trabajo” y falta de salas disponibles. Para críticos, esto no es solo saturación del sistema, sino permisividad ante maniobras que benefician a los acusados.
El caso en cuestión deriva de una investigación por presunto desvío de recursos públicos en Motul, donde —según la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción— se habrían cobrado alrededor de 450 mil pesos por trabajos de bacheo que nunca se realizaron, afectando a siete comisarías y evidenciando un posible daño al erario.
Pero los cuestionamientos no son nuevos. En redes sociales circula incluso una petición para su destitución, donde se recuerdan decisiones pasadas que han sido calificadas como graves errores judiciales.
Entre ellas, el caso de 2020 en el que un acusado de un crimen violento en la colonia Leandro Valle no se presentó a audiencia y terminó prófugo, tras una actuación judicial que ha sido señalada como deficiente. También se menciona otra resolución polémica donde el juez habría reclasificado un caso de homicidio, eliminando agravantes, lo que reducía considerablemente la posible condena del imputado.
También existe otro caso en donde el Juez Burgos acepta un procedimiento abreviado a favor de Edwin Manuel C.T. quien al poco tiempo golpeó a la víctima de iniciales S.G.C.S. Otro caso es del acusado Kevin N. a quien se le señaló de abusar sexualmente a su hija y el Juez optó por dejarlo en libertad; entre otros muchos casos de extraña “objetividad” de justicia por parte de dicho juzgador.
Aunque estos episodios forman parte de señalamientos públicos y críticas difundidas principalmente en redes y portales, sin resoluciones oficiales que determinen responsabilidad directa del juez, han sido suficientes para alimentar una percepción creciente de falta de rigor y consistencia en su actuación.
Hoy, su ratificación no pasa desapercibida, sobre todo porque en la reciente marcha efectuada el 8 de marzo, se plantaron carteles y panfletos en contra de dicho juez por haber absuelto a Mario S.M. a pesar de que había ejecutado una severa violación sexual en contra de una fémina, bajo el argumento de que el acusado no uso alguna una pistola o cuchillo para ejecutar el ataque sexual.
Más que un trámite, se ha convertido en un punto de tensión que exhibe una exigencia clara:
¿puede seguir impartiendo justicia alguien cuya trayectoria está marcada por decisiones que generan sospechas, retrasos y polémica pública y qué piensa al respecto la sociedad?
El debate está abierto… y la confianza ciudadana, en juego.
