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Policíacas

En un episodio que confirma que en la burocracia electoral también se practica el arte de gastar sin usar, consejeros del Instituto Nacional Electoral responsabilizaron a su presidenta, Guadalupe Taddei, por irregularidades administrativas que derivaron en un quebranto estimado en 672 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión del ejercicio 2025. El hallazgo central resulta difícil de explicar sin ironía: se imprimieron 521 millones de boletas electorales que nunca se utilizaron. Sí, millones de papeletas destinadas a una elección que no las necesitó, pero que sí costaron dinero público. Fallas de planeación… con precio millonario De acuerdo con las observaciones de la ASF, las anomalías se originaron en deficiencias de planeación, administración de contratos y toma de decisiones presupuestales dentro del instituto, particularmente en procesos de adjudicación y control interno. Consejeros electorales sostienen que la Presidencia del INE concentra facultades administrativas clave —nombramientos, supervisión de áreas estratégicas y autorización de contratos—, por lo que atribuyen la responsabilidad directa a Taddei. El consejero Martín Faz calificó la responsabilidad como “absoluta”, especialmente por el nombramiento de Octavio García, quien pasó de ser proveedor a ocupar una posición vinculada con la administración de recursos del organismo. “No fue el Consejo, fue quien firmó” En la misma línea, la consejera Dania Ravel señaló que la supervisión de posibles anomalías corresponde a la Junta General Ejecutiva, órgano encabezado por la presidencia del instituto. En consecuencia, sostuvo que la responsabilidad debe recaer en quien realizó los nombramientos y autorizaciones, no en el Consejo General en su conjunto. El señalamiento deja ver una dinámica institucional donde, cuando aparecen irregularidades, cada instancia recuerda con precisión quirúrgica cuáles facultades no le corresponden. Boletas que nadie pidió, pero todos pagaron El caso ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos dentro del órgano encargado de organizar las elecciones federales, especialmente en un contexto donde el propio instituto ha defendido reiteradamente la necesidad de presupuestos elevados para garantizar la democracia. La paradoja resulta inevitable: mientras el discurso institucional insiste en la austeridad responsable, la realidad muestra millones de boletas impresas que terminaron sin uso, como si la planeación electoral se hubiera basado en la lógica de “por si acaso”. La auditoría que incomoda Las observaciones de la ASF no implican automáticamente responsabilidades penales, pero sí obligan al INE a aclarar, corregir o solventar las irregularidades detectadas. Dependiendo de las respuestas institucionales, el caso podría escalar a procedimientos administrativos o sanciones. Por ahora, el episodio deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente político: si un organismo autónomo encargado de organizar elecciones no puede prever cuántas boletas necesita, ¿qué tan sólido es su control interno sobre miles de millones de pesos del erario?

La histórica tenista estadounidense Venus Williams volverá a uno de los escenarios más emblemáticos del circuito tras recibir una invitación oficial para disputar el cuadro individual y de dobles del prestigioso Indian Wells, que se celebrará del 4 al 15 de marzo en el desierto del sur de California. A sus 45 años, la siete veces campeona de Grand Slam prepara así su retorno a un torneo con el que mantiene una relación tan intensa como compleja. Será su décima participación en este certamen, donde ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, la más reciente en 2018. El director del torneo, Tommy Haas, destacó el significado de su presencia. “Es un honor otorgar la primera invitación de este año a Venus Williams. Es una leyenda del tenis y una de las jugadoras más laureadas que nuestro deporte ha visto”. Un regreso cargado de historia La participación de Williams no solo despierta expectativa por su legado, sino por el pasado conflictivo que la vinculó al torneo. La estadounidense boicoteó Indian Wells entre 2002 y 2016 tras el controvertido episodio ocurrido en 2001, cuando abandonó su semifinal contra su hermana Serena por lesión minutos antes del partido, lo que derivó en abucheos y acusaciones de arreglo. Su retorno en 2018 marcó una reconciliación simbólica con el público californiano. Ahora, con una nueva invitación, la veterana jugadora buscará escribir otro capítulo en ese proceso. En 2024 también fue invitada, pero entonces no aceptó competir. Este año, en cambio, confirmó su presencia y expresó entusiasmo por regresar. “Indian Wells… no puedo esperar para volver a casa y jugar en California”, declaró la tenista. Actividad reciente y preparación Williams llega tras su participación en el Australian Open, donde fue eliminada en primera ronda tanto en individuales como en dobles, resultado que refleja las dificultades competitivas propias de esta etapa final de su carrera, pero que no disminuye su atractivo mediático ni su condición de figura histórica. Antes de aterrizar en California, la estadounidense tiene previsto competir en el ATX Open, torneo que se disputa en Austin, Texas, del 22 de febrero al 1 de marzo, como parte de su preparación inmediata. Más que un regreso deportivo La presencia de Venus Williams en Indian Wells trasciende lo estrictamente competitivo. Representa la vigencia de una atleta que redefinió el tenis femenino junto a su hermana Serena, rompió barreras raciales y económicas en el deporte y continúa inspirando a nuevas generaciones incluso fuera del circuito principal.

Las alarmas no solo suenan en los pasillos de Palacio Nacional, sino —según versiones difundidas en medios políticos— también al otro lado de la frontera. Fuentes citadas por portales especializados aseguran que el gobierno de Estados Unidos mantiene bajo la lupa a figuras clave del círculo cercano al obradorismo, entre ellas Jesús Ramírez Cuevas, el dirigente partidista Andrés Manuel López Beltrán —conocido como “Andy”— y el exjefe de inteligencia Audomaro Martínez, por presuntos vínculos con el crimen organizado. La supuesta lista habría sido elaborada por autoridades estadounidenses y, según estas versiones, ya habría sido planteada al gobierno mexicano para que “tome cartas en el asunto”. De confirmarse, se trataría de una presión diplomática poco sutil: investigar a personajes del propio movimiento gobernante o enfrentar consecuencias políticas y de seguridad en la relación bilateral. Entre la soberanía y la incomodidad El tema resulta especialmente delicado porque los señalados forman parte del núcleo duro del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, no se trata de actores secundarios, sino de operadores estratégicos del poder. Analistas señalan que, de existir tal lista, el gobierno mexicano se encontraría ante una disyuntiva incómoda: defender a sus cuadros o demostrar cooperación con Washington. Traducido al lenguaje político cotidiano: elegir entre la narrativa de soberanía o el pragmatismo que impone la realidad geopolítica. La “rebelión” en la SEP y el ruido mediático En paralelo, otra polémica sacudió a la Secretaría de Educación Pública. Versiones periodísticas sostienen que la crisis interna no habría surgido espontáneamente, sino que habría sido alentada para desviar la atención de señalamientos contenidos en el libro Ni Venganza, Ni Perdón, del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, donde se menciona a Ramírez Cuevas como presunto facilitador de redes de huachicol. Aunque estas afirmaciones no han sido probadas judicialmente, el simple hecho de que circulen en el debate público evidencia la fragilidad de la narrativa oficial de combate frontal a la corrupción. A la par, el funcionario educativo Marx Arriaga Navarro —impulsor de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”— fue denunciado por trabajadores por presuntamente cobrar cuotas para evitar despidos, lo que derivó en su salida del cargo. Una coincidencia temporal que alimenta especulaciones sobre luchas internas y control de daños. El fantasma del huachicol político Otro elemento que conecta a los nombres señalados es su presunta relación con el empresario Sergio Carmona, identificado en diversas investigaciones periodísticas como operador financiero ligado al tráfico ilegal de combustibles. Carmona fue asesinado en 2021, pero su figura continúa apareciendo en señalamientos sobre financiamiento político irregular. Según estas versiones, su acceso a Palacio Nacional habría sido facilitado por figuras del entorno presidencial, lo que refuerza las sospechas de una red más amplia de intereses. Silencio oficial y ruido creciente Hasta el momento no existe confirmación pública del gobierno mexicano ni de autoridades estadounidenses sobre la supuesta lista. Sin embargo, el silencio oficial no ha frenado la especulación; al contrario, la ha alimentado. Para críticos, la situación expone una contradicción incómoda: un movimiento que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción ahora enfrenta acusaciones que, de provenir de gobiernos anteriores, habría utilizado como bandera política durante meses.