Un ejidatario indígena de 84 años denunció públicamente un presunto intento de despojo de más de dos hectáreas de tierras de uso común pertenecientes al ejido de Dzitbalché, las cuales asegura haber trabajado y poseído durante más de 25 años.
El campesino señaló como responsable a la empresa inmobiliaria FEVIC, con domicilio en Mérida, Yucatán, a la que acusa de realizar acciones encaminadas a privarlo de la posesión y aprovechamiento de los terrenos donde actualmente mantiene cultivos de maíz y árboles frutales.
De acuerdo con el denunciante, el conflicto inició desde diciembre de 2023, cuando presuntamente la inmobiliaria comenzó a restringir el acceso a la parcela mediante cercas de malla ciclónica, impidiéndole ingresar para supervisar y trabajar la tierra.
El afectado afirmó que los terrenos forman parte de las áreas de uso común del ejido de Dzitbalché y explicó que, debido al crecimiento urbano de la zona, las tierras han incrementado considerablemente su valor comercial, despertando el interés de desarrolladores inmobiliarios y particulares.
Asimismo, sostuvo que la empresa promovió una denuncia en su contra por presunto despojo ante autoridades ministeriales de Dzitbalché, basándose —según indicó— en documentos de compraventa que considera ilegales, debido a que involucran tierras sujetas al régimen agrario.
El ejidatario también acusó presuntas irregularidades en la actuación de la Procuraduría Agraria en Campeche, dependencia a la que dijo haber solicitado apoyo legal y representación para defender sus derechos ante el Tribunal Unitario Agrario.
“Como adulto mayor indígena de 84 años no cuento con recursos económicos para contratar abogados particulares, por lo que dependo de la representación y asesoría que legalmente debe brindarme la Procuraduría Agraria”, expresó.
El campesino aseguró que funcionarios de dicha dependencia han aplicado medidas dilatorias que, a su juicio, terminan favoreciendo a la empresa inmobiliaria. Además, señaló que durante una diligencia no fue integrada completamente al acta la información que proporcionó respecto a los representantes legales de la compañía.
También indicó que las autoridades le informaron que primero se determinaría si cuenta con interés jurídico sobre las tierras en disputa antes de continuar con cualquier procedimiento.
El denunciante recordó que, conforme al artículo 74 de la Ley Agraria, las tierras de uso común cuentan con protección jurídica especial, por lo que solicitó la intervención de las autoridades agrarias, judiciales y de control interno para revisar la legalidad de los actos realizados sobre dichos predios.
Finalmente, afirmó que parte de la superficie en conflicto ya presenta desarrollos comerciales que, según considera, le han generado afectaciones patrimoniales al impedirle continuar aprovechando las tierras que ha trabajado durante más de dos décadas.
