Mérida, Yucatán. Una investigación periodística ha puesto en el centro de la polémica al gobernador Joaquín Díaz Mena, tras revelarse presuntamente la posesión de al menos 12 ranchos en la zona oriente del estado, específicamente entre los municipios de Panabá y San Felipe.
De acuerdo con el reportaje publicado por Sol Yucatán, estas propiedades abarcarían alrededor de mil 500 hectáreas, muchas de ellas con infraestructura ganadera activa, lo que colocaría al mandatario como uno de los principales productores de la región.
Entre los ranchos identificados se encuentran “San Luis”, “San Julián”, “San Joaquín”, “San Manuel”, “Cocoyol”, “San Felipe”, “Santa Pilar”, “San Bartolo” y “La Bendición”, además de otros tres predios en aparente estado de abandono.
La investigación también señala que al menos nueve de estas propiedades operan como unidades productivas con potreros, bebederos y sistemas de riego, algunos de ellos alimentados con energía solar, lo que refleja una inversión significativa en infraestructura rural.
Otro de los puntos que ha generado controversia es la supuesta existencia de más de 2 mil cabezas de ganado vinculadas a registros familiares en el Padrón Ganadero Nacional, lo que elevaría considerablemente el valor del patrimonio atribuido al mandatario.
El reportaje sostiene que la adquisición de estas propiedades ocurrió entre 2007 y 2025, periodo en el que Díaz Mena ya se encontraba activo en la política, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos utilizados para consolidar este patrimonio.
Asimismo, se advierte que el valor estimado de las tierras y el ganado podría ascender a cientos de millones de pesos, cifra que contrasta con lo declarado públicamente en su patrimonio.
Cabe señalar que estas revelaciones se dan en un contexto en el que el mandatario ha sido señalado previamente por presuntos actos de corrupción, incluyendo denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Este caso abre nuevamente el debate sobre la transparencia patrimonial de los servidores públicos en Yucatán y la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
