La salida de Serafín Tadeo Lazcano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha provocado una fuerte ola de reacciones en Tabasco, donde ciudadanos y colectivos cuestionan la versión oficial que presenta el movimiento como un simple relevo administrativo.
El anuncio fue realizado por el gobernador Javier May Rodríguez, quien reconoció la labor del funcionario y señaló que continuará colaborando en tareas vinculadas al Gobierno Federal. Sin embargo, la decisión ocurre en medio de crecientes críticas por presuntos abusos policiacos y exigencias de justicia por parte de familiares de víctimas.
Uno de los casos que más indignación ha generado es el de Rodrigo Isidro, un estudiante cuyo fallecimiento, ocurrido en noviembre de 2025, fue atribuido presuntamente a elementos estatales durante un retén. Desde entonces, familiares y organizaciones civiles han denunciado supuestas irregularidades, abusos de autoridad y falta de avances en las investigaciones.
La presión aumentó durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad, cuando familiares del joven lograron entregarle directamente documentación relacionada con el caso y solicitaron su intervención para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, diversos grupos ciudadanos han convocado movilizaciones y protestas para exigir justicia y mayores controles sobre las corporaciones policiales, al considerar que la crisis de confianza en materia de seguridad continúa sin resolverse.
La salida de Lazcano se produce además en un momento clave para la política tabasqueña, con movimientos y reacomodos que comienzan a perfilar el escenario rumbo a las elecciones de 2027.
