Por: Juan Eduardo Labrador
En Yucatán, una sombra siniestra se cierne sobre la propiedad y la seguridad de los yucatecos. Una banda de individuos originarios de Nuevo León ha llevado a cabo una operación despiadada de despojo de propiedades en nuestro estado, y su influencia ha alcanzado dimensiones alarmantes. Lo que es aún más preocupante es que esta operación criminal cuenta con la complicidad de notarios y abogados locales, individuos que, en teoría, deberían ser guardianes de la legalidad y la ética profesional.
Las víctimas de esta banda, en su mayoría yucatecos, han sido testigos impotentes de cómo sus propiedades son arrebatadas de manera ilegal, y todo ello con la fachada de legalidad que otorgan notarios y abogados corruptos de nuestra tierra. La forma en que operan estos criminales es una muestra de astucia y maquinación que raya en lo diabólico.
El modus operandi de esta banda no es solamente un desafío a la propiedad privada, sino también a la justicia y la integridad en Yucatán. Primero, identifican propiedades en zonas de alta valorización, principalmente en la parte norte de Mérida, que se considera un terreno fértil para su accionar. Luego, el abogado Javier Rubén y sus cómplices se dedican a rastrear viviendas o predios que parecen estar desocupados, a menudo engañando a sus dueños legítimos al simular que nadie habita allí.
Lo que sigue es una trama de engaños y usurpación. El abogado Javier Rubén rastrea propiedades con la ayuda de documentos de predial, y una vez que se han seleccionado los objetivos, el notario entra en juego. Este notario, Mario Humberto C. S., legaliza donaciones ficticias o simulaciones de compra que, a los ojos de la ley, parecen ser operaciones legítimas. Esto no solo es una burla a la justicia, sino un insulto a todos aquellos que creen en la integridad del sistema legal.
Lo que es aún más desgarrador es que los pagarés utilizados para transferir la propiedad son comprados por “clientes” regios, y para lograrlo, se falsifican documentos en los que se muestra a los verdaderos propietarios como vendedores, incluyendo la falsificación de firmas y documentos de identificación.
La existencia de esta operación criminal revela una vulnerabilidad en nuestro sistema legal y un flagrante abuso de confianza por parte de aquellos en quienes confiamos para salvaguardar la propiedad y la justicia. Las implicaciones de esta operación van más allá del despojo de propiedades; minan la confianza en las instituciones y arrojan una sombra sobre el estado de derecho en Yucatán.
Es imperativo que las autoridades investiguen a fondo estas actividades ilegales y corruptas, y que se haga justicia para las víctimas de esta mafia de despojadores regios. Nuestro estado no puede permitir que esta lacra criminal continúe socavando la propiedad y la confianza en la legalidad. Es hora de que Yucatán se una contra este cáncer que corroe nuestra sociedad y nuestros valores.
