La justicia fiscal finalmente alcanzó a una de las figuras más polémicas del sindicalismo mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la exlideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, deberá pagar 19 millones 269 mil 323 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), derivados de irregularidades detectadas en sus finanzas de 2008 y 2009.
La resolución del máximo tribunal fue aprobada por unanimidad y sin debate, como si el caso no dejara espacio a interpretaciones… o como si la evidencia hablara por sí sola. Con ello, la Corte cerró definitivamente el litigio y dio la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sepultando el último intento legal de la exdirigente para evitar el pago.
El origen del dinero “sin explicación”
El conflicto comenzó en 2016, cuando el SAT detectó depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito que no correspondían al régimen de sueldos y salarios que Gordillo reportaba ante el fisco. En otras palabras: el dinero llegaba, pero no quedaba claro de dónde ni por qué.
La autoridad fiscal concluyó que dichos recursos incrementaron su patrimonio y debían considerarse ingresos acumulables sujetos a impuestos. La defensa argumentó que se trataba de fondos para gastos de representación del sindicato —congresos, reuniones y actividades institucionales—, aunque no presentó documentación que respaldara esa versión, como órdenes de comisión o comprobantes oficiales.
Un detalle menor, dirían algunos: justificar millones de pesos.
El último intento… y el portazo final
En su recurso final, la exlideresa sostuvo que se vulneraron sus derechos al exigirle pruebas que, según su defensa, no estaba obligada a generar al no llevar contabilidad formal. Sin embargo, la ponencia presentada por la ministra Lenia Batres determinó que el caso no versaba sobre la constitucionalidad de las leyes, sino sobre la legalidad y la valoración de las pruebas aportadas.
Al no acreditarse el origen ni el destino de los recursos, la Corte dejó firme el crédito fiscal y ordenó el pago total.
Una factura tardía para una figura poderosa
El fallo revive el debate sobre la histórica influencia política de Gordillo y la percepción de impunidad que la rodeó durante décadas. Para críticos, el hecho de que el caso se resuelva casi dos décadas después de los ejercicios fiscales cuestionados ilustra la lentitud —o selectividad— con la que operan las instituciones cuando se trata de personajes de alto perfil.
Otros señalan que la resolución demuestra que, aunque tarde, el sistema puede terminar cobrando facturas incluso a quienes parecían intocables.
¿Castigo ejemplar o trámite administrativo?
Los más escépticos apuntan que, frente a los montos y escándalos asociados a la trayectoria pública de la exlideresa, la cifra de 19 millones de pesos podría parecer más un ajuste contable que una sanción ejemplar. Para el ciudadano promedio, sin embargo, la decisión envía un mensaje claro: el SAT no olvida… aunque a veces tarde años en recordar.
