Las movilizaciones y el proceso de organización que en los últimos meses han cobrado fuerza entre trabajadores de la educación indígena en el oriente del estado continúan generando tensión al interior del sector. Integrantes de la Coordinadora Regional del Oriente y de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Yucatán (CETEY) difundieron un posicionamiento en el que denuncian presuntas irregularidades en los recientes nombramientos dentro de la estructura educativa.
De acuerdo con el documento, el nuevo jefe de sector de Educación Indígena en Valladolid, Luis Tamay May, habría sido designado por su cercanía política con el diputado local Wílber Dzul Canul. Los trabajadores inconformes señalan que este nombramiento, así como el de Dulce María Noh Cahum en el sector de Sotuta, respondería a intereses de control político en una región donde —afirman— la organización magisterial ha sido constante y crítica.
En su pronunciamiento, las coordinadoras acusan que dichas designaciones carecen de méritos académicos y trayectoria comprobada en favor de la educación indígena, y sostienen que existirían prácticas de nepotismo, compadrazgo y tráfico de influencias. Asimismo, aseguran contar con pruebas sobre presuntas irregularidades administrativas que, según afirman, obran en su poder.
Uno de los señalamientos centrales es el supuesto hostigamiento laboral hacia docentes del sector. De acuerdo con la denuncia pública, el jefe de sector habría realizado visitas directas a planteles para aplicar sanciones y ejercer presión administrativa sobre trabajadores, lo que consideran un uso indebido del cargo.
Los inconformes también cuestionan el papel del legislador Wílber Dzul Canul, a quien señalan de intervenir en asuntos administrativos del sector educativo indígena pese a ocupar actualmente una curul. Sostienen que, durante su paso previo por cargos relacionados con la educación indígena, no se registraron avances sustanciales en beneficio del subsistema, y advierten que las actuales acciones responderían a intereses políticos rumbo a futuros procesos electorales.
En el documento, las organizaciones magisteriales hacen un llamado a docentes, padres de familia y ciudadanía en general a denunciar cualquier acto de prepotencia, abuso de autoridad o irregularidad administrativa. También exhortan a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales de la CETEY y de las coordinadoras regionales.
“Los trabajadores de la educación del oriente sabrán tomar las medidas necesarias para que la justicia prevalezca”, advierten en su posicionamiento, reiterando su consigna de unidad y organización.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de las autoridades educativas estatales ni de los señalados en la denuncia. Se espera que en los próximos días pueda emitirse una respuesta que permita esclarecer los hechos y garantizar la estabilidad en el sector de Educación Indígena en la región oriente de Yucatán.
