La sombra de la corrupción vuelve a caer sobre el Infonavit y los gobiernos ligados a la llamada “cuarta transformación”. Esta vez, el epicentro es Umán, donde el megaproyecto inmobiliario “Punta Cruz Eco” exhibe una red de tráfico de influencias, opacidad y violaciones a la ley que difícilmente pueden explicarse sin complicidad institucional.
De acuerdo con documentos del contrato CO-PVB-028-2025, el Infonavit otorgó —bajo un proceso cuestionado por su falta de transparencia— un proyecto de casi 2 mil 948 millones de pesos a la empresa Yucasa S.A. de C.V., ligada a la familia Lago, un grupo empresarial con antecedentes de señalamientos por fraude. El contrato no solo contempla la construcción de 5 mil 360 viviendas, sino que incluyó un anticipo escandaloso del 30% del monto total, es decir, más de 884 millones de pesos entregados desde el arranque.
Pero el problema no es solo el dinero: es el contexto. En el propio convenio se establecen cláusulas de confidencialidad que impiden revelar detalles del proyecto, montos y actores involucrados. En otras palabras, se institucionaliza el silencio en un proyecto financiado con recursos públicos.
Negocio familiar y favores políticos
La trama se vuelve más turbia al confirmarse la participación de Lamol S.A. de C.V., propiedad de David Lago Ancona, padre del representante legal de Yucasa. Ambos forman parte de un mismo núcleo empresarial que, además, ha sido señalado por organizaciones civiles por presuntos fraudes inmobiliarios.
El vínculo político tampoco pasa desapercibido: la familia Lago ha sido identificada como cercana al movimiento morenista, lo que refuerza la sospecha de que el contrato no fue resultado de competencia limpia, sino de pago de favores y tráfico de influencias.
Dinero público al servicio privado
El Infonavit no solo asignó la obra. También compró el terreno con recursos públicos por 267.9 millones de pesos, para después cederlo a las mismas empresas privadas encargadas del desarrollo. Es decir, el Estado adquiere, financia y entrega el negocio completo a particulares con vínculos políticos.
El terreno, de más de 45 hectáreas en Santa Cruz Palomeque, comenzó a ser intervenido incluso antes de formalizar su compra, lo que abre otra interrogante: ¿quién autorizó iniciar trabajos en un predio que aún no era propiedad oficial del instituto?
Violaciones ambientales ignoradas
El caso escala a un nivel aún más grave cuando se revisa el cumplimiento de la ley ambiental. La constructora inició desmontes y obras desde julio de 2025 sin contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), requisito indispensable para cualquier desarrollo de esta magnitud.
No fue sino hasta marzo de 2026 —diez meses después— cuando la empresa solicitó el permiso. Para entonces, el daño ya estaba hecho: vegetación removida, terreno aplanado y viviendas en construcción.
La ley es clara: obras sin MIA deben ser clausuradas de inmediato, con sanciones que pueden incluir multas millonarias e incluso demolición. Sin embargo, ninguna autoridad ha actuado.
Autoridades omisas… o cómplices
A pesar de la ilegalidad evidente, el Ayuntamiento de Umán, encabezado por la morenista Kenia Walldina Sauri Maradiaga, otorgó permisos de construcción sin exigir el MIA, violando la normatividad ambiental.
La omisión no es menor: implica autorizar un desarrollo sin saber si afecta cenotes, zonas protegidas o el equilibrio ecológico de la región. Es, en términos prácticos, firmar un cheque en blanco a favor de intereses privados.
Ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ni la Profepa, ni las instancias de justicia ambiental han intervenido hasta ahora, lo que refuerza la percepción de un sistema que protege a ciertos grupos mientras ignora la ley.
Un patrón que se repite
El caso “Punta Cruz Eco” no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que contradice el discurso anticorrupción del actual régimen. Mientras se presume combate a los privilegios, en los hechos se replican viejas prácticas: contratos opacos, beneficios a aliados políticos y omisión de las autoridades.
Hoy, en Umán, no solo se construyen miles de viviendas. También se edifica —una vez más— un ejemplo claro de cómo el poder público puede ser utilizado para beneficiar intereses privados bajo el manto de la impunidad.
