Lo que debía ser una visita técnica para supervisar una de las obras portuarias más importantes del estado terminó convertido en un episodio que encendió el debate sobre el acceso a la información pública. Un grupo selecto de medios de comunicación fue invitado a un recorrido marítimo junto al gobernador Joaquín Díaz Mena —conocido popularmente como “Huacho Martín”— para constatar los avances del dragado en el Puerto de Altura de Progreso.
La supervisión se realizó a bordo del buque “Fernando de Magallanes”, desde donde el mandatario informó que la obra presenta un avance cercano al 90%. De acuerdo con cifras oficiales, en esta primera etapa se han retirado más de 1.3 millones de metros cúbicos de piedra, como parte de un proyecto estatal que contempla una inversión de 1,630 millones de pesos.
El objetivo es ampliar y profundizar el canal de navegación de -11.75 a -13.30 metros, lo que permitiría recibir embarcaciones de mayor calado y fortalecer la conectividad comercial de Yucatán con mercados internacionales.
Sin embargo, más allá de los datos técnicos, la atención pública se centró en un aspecto distinto: la exclusividad de la invitación.
En círculos periodísticos y redes sociales surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para definir qué medios podían participar en el recorrido. Diversas voces señalaron que únicamente fueron convocados medios considerados cercanos a la administración estatal, lo que generó inconformidad entre comunicadores que quedaron fuera.
Mientras el discurso oficial enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas, críticos sostienen que estas prácticas refuerzan la percepción de un trato preferencial hacia medios afines, limitando el acceso equitativo a la información pública.
La polémica revive un debate recurrente en la relación entre gobiernos y prensa: si los recursos públicos financian la obra, ¿la cobertura informativa debería ser abierta a todos los medios?
El recorrido permitió a los asistentes documentar de primera mano el avance del proyecto y difundir imágenes exclusivas desde la draga, material que posteriormente circuló en redes sociales y portales informativos.
Para analistas, este tipo de eventos forma parte de una estrategia de comunicación política orientada a posicionar logros de gobierno mediante contenidos favorables, lo que difumina la línea entre cobertura periodística independiente y material institucional.
La pregunta que comenzó a repetirse entre comunicadores y ciudadanos fue directa: ¿se trató de un ejercicio de transparencia o de un publirreportaje financiado indirectamente con recursos públicos?
Lo que debía ser una visita técnica para supervisar una de las obras portuarias más importantes del estado terminó convertido en un episodio que encendió el debate sobre el acceso a la información pública. Un grupo selecto de medios de comunicación fue invitado a un recorrido marítimo junto al gobernador Joaquín Díaz Mena —conocido popularmente como “Huacho Martín”— para constatar los avances del dragado en el Puerto de Altura de Progreso.
La supervisión se realizó a bordo del buque “Fernando de Magallanes”, desde donde el mandatario informó que la obra presenta un avance cercano al 90%. De acuerdo con cifras oficiales, en esta primera etapa se han retirado más de 1.3 millones de metros cúbicos de piedra, como parte de un proyecto estatal que contempla una inversión de 1,630 millones de pesos.
El objetivo es ampliar y profundizar el canal de navegación de -11.75 a -13.30 metros, lo que permitiría recibir embarcaciones de mayor calado y fortalecer la conectividad comercial de Yucatán con mercados internacionales.
Sin embargo, más allá de los datos técnicos, la atención pública se centró en un aspecto distinto: la exclusividad de la invitación.
En círculos periodísticos y redes sociales surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para definir qué medios podían participar en el recorrido. Diversas voces señalaron que únicamente fueron convocados medios considerados cercanos a la administración estatal, lo que generó inconformidad entre comunicadores que quedaron fuera.
Mientras el discurso oficial enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas, críticos sostienen que estas prácticas refuerzan la percepción de un trato preferencial hacia medios afines, limitando el acceso equitativo a la información pública.
La polémica revive un debate recurrente en la relación entre gobiernos y prensa: si los recursos públicos financian la obra, ¿la cobertura informativa debería ser abierta a todos los medios?
El recorrido permitió a los asistentes documentar de primera mano el avance del proyecto y difundir imágenes exclusivas desde la draga, material que posteriormente circuló en redes sociales y portales informativos.
Para analistas, este tipo de eventos forma parte de una estrategia de comunicación política orientada a posicionar logros de gobierno mediante contenidos favorables, lo que difumina la línea entre cobertura periodística independiente y material institucional.
La pregunta que comenzó a repetirse entre comunicadores y ciudadanos fue directa: ¿se trató de un ejercicio de transparencia o de un publirreportaje financiado indirectamente con recursos públicos?
