Crece la inconformidad entre trabajadores y usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) por el estilo de gestión del actual director, Francisco “Pancho” Torres, quien en los últimos meses ha sido señalado por mantener una actitud distante, privilegiar el confort personal y tomar decisiones administrativas consideradas costosas y poco transparentes.
De acuerdo con versiones de personal cercano a la dependencia, nunca antes un titular de la Japay había sido percibido como un funcionario “inalcanzable”, tanto para empleados de bajo perfil como para los cerca de 400 mil usuarios que dependen del servicio en el estado. Aseguran que, a diferencia de administraciones anteriores, hoy resulta complicado entablar comunicación directa con el director.
Mudanza millonaria y oficinas de lujo
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la decisión de trasladar sus oficinas al norte de Mérida, una zona considerada de alto poder adquisitivo. Sin consultar públicamente ni transparentar el proceso, el funcionario habría optado por despachar desde un inmueble con espacios amplios, renovados y con mayores comodidades.
De acuerdo con reportes periodísticos, esta reubicación habría representado un gasto cercano a los dos millones de pesos en remodelaciones, además de un pago mensual aproximado de 270 mil pesos por concepto de renta de antiguas oficinas de la Asey. Dichos recursos, señalan, provendrían directamente del presupuesto de la Japay.
Mientras tanto, un grupo de trabajadores fue trasladado junto con el director a estas nuevas instalaciones, mientras que otros permanecieron en las oficinas del centro histórico y en la colonia Alemán, espacios que presuntamente fueron considerados “inadecuados” por el titular.
Acceso restringido y distancia con la ciudadanía
Otra de las críticas recurrentes es el acceso limitado al funcionario. Para poder solicitar una audiencia, ciudadanos y empleados deben pasar por procesos de citas y filtros administrativos que, aseguran, refuerzan la percepción de una gestión elitista y alejada de la población.
Esta situación contrasta, afirman, con los principios de cercanía y austeridad promovidos por la llamada Cuarta Transformación, a la cual el propio Torres se adscribe como militante de Morena.
Problemas en el servicio y falta de resultados
Mientras se realizan inversiones en oficinas, usuarios de diversos fraccionamientos reportan deficiencias constantes en la presión del agua, lo que ha provocado que muchas familias dependan de tinacos y sistemas de almacenamiento ante el suministro irregular.
Vecinos señalan que esta problemática, conocida ya como la “era del tinaco seco”, evidencia una falta de atención prioritaria a los temas operativos, pese a que los usuarios cumplen puntualmente con sus pagos bimestrales.
Cuestionamientos sobre su trayectoria política
También se ha puesto sobre la mesa el pasado político del funcionario, quien militó durante años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue expulsado formalmente en diciembre de 2023. Hoy, como integrante de Morena, es señalado por mantener prácticas que críticos consideran contrarias al discurso de austeridad y cercanía social.
En este contexto, surgen cuestionamientos sobre el origen de los recursos para sostener su estilo de vida y sus decisiones administrativas, así como sobre la permisividad institucional ante gastos considerados excesivos.
Edificio histórico, en el abandono
Otro punto de inconformidad es el abandono de las oficinas centrales ubicadas en el centro de Mérida, un inmueble de valor histórico y simbólico para la ciudad. Trabajadores y ciudadanos consideran que el director pudo continuar despachando desde ese espacio sin mayores complicaciones, en lugar de trasladarse a lo que describen como un “búnker administrativo”.
Exigen transparencia y rendición de cuentas
Las críticas hacia Pancho Torres se centran en la percepción de que existen “funcionarios de primera y de segunda”, tanto dentro de la institución como en la atención a los usuarios. Para muchos, esta división contradice los principios de igualdad y servicio público que deberían regir a una paraestatal.
